Nuestra crisis continúa

El escenario actual plantea un exceso de demanda, escasas inversiones, congelamiento de precios, escasez de oferta y falta de un marco regulatorio que dé certezas a los inversores. El diagnóstico es conocido por todos, pero no tanto la solución. ¿Cuál sería la medida más efectiva para combatir la crisis? Hasta ahora sólo se concuerda con que el gobierno busca desalentar el creciente consumo mediante algunas medidas concretas que van desde el aumento de tarifas hasta la prohibición de vender vehículos diésel para uso particular.

El gobierno nacional debería asumir que el problema energético se ha convertido en un vector que cruzará la economía en los próximos años, según razonan los especialistas.

Surgen propuestas como, por ejemplo, una intensa campaña de concientización para lograr que los hogares consuman menos -como si fuese posible luchar contra el deseo de no padecer frío en invierno y calor en verano- o la creación de un mecanismo transparente de subsidios y de una tarifa social para los sectores más empobrecidos. Es muy difícil que una sociedad acostumbrada a consumir cada vez más productos y servicios que ayudan a tener un mejor confort de vida deje de hacerlo sin protestar.

También, pensaron en un sistema de garantías que disminuyera el riesgo de los inversores y un plan claro de racionamiento para dar certidumbre a los usuarios, sean pequeños o grandes.

A partir del reconocimiento social de que la “frazada energética es corta y que alargarla” (con más inversiones) lleva tiempo, hay que administrar su cobertura en el corto plazo. Un ajuste integral de tarifas que contemple no sólo su nivel, sino también su estructura, resulta clave para aliviar la situación del sector y a la vez focalizar el subsidio en aquellos estratos más pobres de la población.

La actual crisis energética está inserta en la política seguida por esta administración respecto de la regulación de servicios públicos: rechazar las señales de precios a la oferta y la demanda; evitar cualquier incremento tarifario a los usuarios residenciales; distinguir entre inversiones viejas, para las que los precios y tarifas se mantienen congelados, e inversiones nuevas, que sí son remuneradas plenamente, y centralizar la gestión de inversiones bajo el control directo del Estado.