La crisis energética argentina, que comenzó a manifestarse a comienzos del año 2004,
puede ser interpretada como una consecuencia previsible de las reglas de juego puestas en vigencia durante los años noventa, que implicaron el traspaso al sector privado de la casi totalidad de los servicios públicos, entre ellos los correspondientes al sector energético.
En consecuencia, el Estado perdió el control de la política energética. Los procesos de privatización de YPF, Gas del Estado, Hidronor y Segba, la creación de los Marcos Regulatorios de Electricidad y Gas, la conformación de los Entes Reguladores y la modificación de la legislación en materia de hidrocarburos a través de los llamados decretos de "desregulación petrolera", constituyeron no sólo el abandono del rol empresario del Estado, sino que en la práctica lo dejaron con muy pocos instrumentos para conducir el rumbo de la política energética.
Tras los objetivos declarados de desmonopolizar el sector y lograr una mayor competencia en sectores dificultosos, se instauró una hábil arquitectura de transferencia de renta hacia el sector privado, que implicó una ligazón estrecha entre la Convertibilidad en un contexto de sobrevaluación del peso, y un esquema de regulación permisivo y débil.
Tras el abandono de la convertibilidad, las contradicciones de las nuevas reglas se hicieron claras. El segmento desregulado del mercado pudo aprovechar las cláusulas de dolarización, mientras que los sectores regulados - aspirando a igual trato - demandaron a la Argentina frente al CIADI amparándose en el Tratado Bilateral de Inversiones suscrito con los Estados Unidos.
De este modo los procesos de renegociación de tarifas se vieron obstruidos desde un principio por una actitud negativa de las empresas concesionarias y licenciatarias de electricidad y de gas que aspiraban a mantener dolarizadas sus tarifas luego de la devaluación del año 2002.
Dado que la pesificación alcanzó también al precio de gas en boca de pozo para el mercado interno, y habida cuenta de la distribución regional de reservas de gas, las restricciones de oferta no tardaron en aparecer como elemento de presión para obtener mejoras en los precios del gas.
La estrategia de las empresas continúa siendo dolarizar las tarifas reguladas y lograr un acercamiento de los precios internos de los hidrocarburos a los crecientes niveles internacionales.
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